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Medicalización generalizada

Onésimo González Álvarez* ®

En el año 2003 un tribunal de apelaciones de un Estado norteamericano ordenó medicar a la fuerza a un reo psicótico, negro, condenado a muerte, para que recuperara la cordura suficiente que permitiera ejecutar la sentencia. Dos años después, en el mismo país, la fiscal encargada del caso D.R. Atkins (también negro), condenado a muerte, solicitó su ejecución. El Tribunal Supremo había suspendido la condena dada su condición de retrasado (c.i. de 59), pero el caso es que Atkins mejoró durante la estancia en prisión y el cociente llegó a situarse en 76, momento en que la fiscal pidió ejecutar la pena.

Se trata de dos ejemplos expresivos de la relación entre Psiquiatría y Ley, de su naturaleza y efectos, que permiten entender las razones de Franco Basaglia para situar el nacimiento de la Psiquiatría en el abrazo mortal entre Medicina y Justicia. V. Corcés matizaba el desplazamiento de la Psiquiatría a una posición intermedia entre la Ley y la Pedagogía. En cualquier caso, no es muy diferente la ubicación estructural, determinada por sus cometidos institucionales e ideológicos, al servicio de la Ley, instrumento del Derecho para tareas tan extremas como las referidas más arriba, y otras más "delicadas" que se derivan de su capacidad para penetrar e intervenir en la intimidad familiar y personal de los sujetos. Algunos profesionales de la pericia psiquiátrica reivindican su condición de "instrumento de apoyo a la justicia" con el mismo orgullo y vehemencia con que Clérambault, Janet y Abely se definían servidores de la autoridad, allá en 1929.

La promulgación de la Constitución de 1978 significó un cambio sustancial en la situación jurídica de los enfermos mentales, comenzando por su reconocimiento como ciudadanos, titulares de derechos y libertades y eventualmente sujetos de imputación de responsabilidades.

Los derechos y libertades del Título I, que vinculan a todos los poderes públicos sin precisar leyes de desarrollo, siendo el juez el garante de los mismos, permitían acabar con las privaciones arbitrarias de libertad y con los tratos inhumanos y degradantes. Pocos años después (1986) la Ley General de Sanidad equiparaba a los enfermos mentales ("equiparación total") con las demás clases de enfermos y contemplaba su atención integrada ("integración plena") en los servicios sanitarios y sociales.

Entre una y otra fecha, las modificaciones del Código Civil y del Código Penal y las primeras legislaciones autonómicas (Autonomías de la vía del 151) hicieron posible una colaboración entre profesionales e instituciones de la Justicia y de la Psiquiatría con efectos liberadores para los sujetos atrapados en el abrazo entre Psiquiatría y Ley, función contraria a su tarea histórica, que muy pronto hubieron de enfrentarse a importantes resistencias sociales, institucionales y corporativas.

Veinte años después de promulgada la Constitución, buena parte de las sentencias siguen haciendo una correlación automática enfermo esquizofrénico-peligroso-inimputable. Colectivos de profesionales, de familiares y alguna administración autonómica sostienen y mantienen servicios sanitarios y sociosanitarios distintos, separados, sólo para enfermos mentales, a pesar del mandato de equiparación e integración de la Ley General de Sanidad y de su desarrollo posterior, hasta el Real Decreto de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud de septiembre de 2006. Los mismos colectivos que llevan años empeñados en pervertir el papel del juez civil, presente en los ingresos involuntarios como garante del derecho a la libertad de quien se ha ingresado o se pretende ingresar a la fuerza, solicitan que pueda ordenar tratamientos involuntarios ambulatorios, en una función de defensa social, de las familias o de los profesionales, contraria a su función señalada constitucionalmente y alejada de los procedimientos comunes de tratamientos no consentidos, que las leyes contemplan para todo tipo de pacientes. Se judicializaría así la asistencia psiquiátrica, rehabilitándose de hecho la Ley de Peligrosidad Social, los internamientos preventivos de enfermos, y las medidas de seguridad indeterminadas y sin límite temporal.  -

Estas propuestas se están haciendo, de modo insistente, en otros países de nuestro entorno, como Francia y el Reino Unido.

En este último país, en la primavera de 2007 se ha vuelto a debatir un proyecto laborista de Ley de Salud Mental para "garantizar la seguridad pública" que permitiría detener a enfermos mentales, de forma preventiva, aunque no hayan cometido delito alguno. Se incluyen los desordenes de personalidad. El proyecto, rechazado por los Lores, calificado de punitivo por la oposición conservadora (paradojas de la política), vuelve a ser presentado por los ministros del gobierno...

Hasta aquí las relaciones entre Psiquiatría y Ley en el manejo de lo que ahora se viene calificando como "trastorno mental severo", en el que si bien la Ley ordena y la Psiquiatría ejecuta y obedece, previamente la segunda ha legitimado la función de la primera, a través de la etiqueta diagnóstica y de sus connotaciones.

En los últimos años, de forma creciente, la Ley viene desarrollando otra función legitimadora de la Psiquiatría en la verdadera marea de reconocimiento como enfermedad de todo tipo de diferencia, malestar, conflicto o sufrimiento personal. La invención o construcción de enfermedades por la industria farmacéutica (como la fobia social) u otros colectivos (trastornos de estrés postraumáticos y ex combatientes de Vietnam), la epidemia de trastornos adaptativos o la pandemia de trastornos depresivo-ansiosos acaban siendo sancionadas y legitimadas a través de sentencias y otras resoluciones judiciales: una funcionaria provincial que desvió fondos y sustrajo 41 millones de pesetas sufrió un estrés postraumático cuando el hecho se hizo público y le duró lo suficiente para serle reconocida invalidez con el 100% del sueldo. El supuesto trastorno bipolar de un importante narcotraficante permitió su excarcelación por la Audiencia Nacional. La fibromialgia y la fatiga crónica son causas de incapacidad absoluta y tanto el mobbing como el born-out (traducido literalmente como "queme") acaban de ser reconocidos como accidente laboral. Un juez de la Audiencia Nacional sancionado con un traslado forzoso por acudir a su despacho sólo dos días por semana alegó "acoso laboral" del Presidente de la Sala. Los jueces asumen la absoluta indigencia teórica de las referidas construcciones e invenciones, siendo muy llamativa la facilidad con que establecen relaciones de causalidad entre variables a partir de su mera simultaneidad temporal. Como decía Fernando Sayater, "en nuestra época la medicalización se ha convertido en la moralidad más respetada".

Las ventajas y beneficios de la enfermedad (Freud), así como la deresponsabilización, pasividad y dependencia del rol de enfermo (Parsons) y la omnipresencia del sistema jurídico en los países occidentales (Bruckner), estimulan la victimización del enfermo, "recurso por el que se convierte en objeto de compasión en vez de afrontar lo que le atemoriza, tratando de gozar de los beneficios de la libertad sin sufrir ninguna de sus consecuencias" (Bruckner).

La falsa solución individual y consoladora desactiva socialmente, dificulta la posibilidad de respuestas solidarias, colectivas a los problemas sociales y beneficia tanto a la industria como a los profesionales de la Psiquiatría, la Psicología y otras disciplinas relacionadas.

La confluencia de Psiquiatría y Ley en el ámbito laboral no es nueva. A mediados del siglo xix se llamaba drapetomanía a la "enfermedad" que hacía que los esclavos huyeran. En nuestros días, la cosa tiene que ver con la construcción del nuevo hombre móvil y dócil del que nos hablaba R. Castel hace 20 años, amén de fragmentado, como matizaría R. Sennet, capaz de reconvertirse o reciclarse a cada instante. Como precisa un psiquiatra madrileño experto en estas "patologías": "la depresión aparece como consecuencia de la no aceptación de la realidad laboral que nos ha tocado vivir" -de ahí la pandemia, Gorki ya sabía que el trabajo impuesto convierte la existencia en una esclavitud- y la tarea terapéutica va dirigida a eliminar el esfuerzo de querer cambiar lo que no depende de uno: "lo único que puedes cambiar es tu actitud interna...".

En este ámbito (el laboral), los derechos y libertades constitucionales chocan con los principios y valores de la lógica empresarial (Valdés Dal-Re), siendo muy llamativos los juegos de palabras de los tribunales cuando se enfrentan el derecho a la intimidad del trabajador con las imposiciones de la organización empresarial. En último término, como proponía no hace muchos años el profesor Velarde, si peligra la eficiencia económica, se reforma la Constitución.

Existe una relación estrecha y una continuidad funcional entre las formas tradicionales de "defensa social" basadas en el encierro de tos perturbadores reales o presuntos y los actuales modos de desactivación a través del consuelo médico individual y del efecto de las pastillas de la felicidad que permiten ver "lo bueno y lo positivo que ofrecen el puesto de trabajo o la discordia familiar. En ambos casos, existe una lógica económica doble: por una parte su papel en la preservación del orden social y económico vigente y, por otra, la producción de beneficio inmediato: los encerrados en las viejas y nuevas instituciones totales cultivan la huerta, cuidan a los animales y hacen innecesario el personal auxiliar tanto administrativo como técnico y de mantenimiento. Los medicalizados disparan los beneficios de la industria farmacéutica, de las aseguradoras sanitarias, de los profesionales de lo psi y su multiplicación contribuye muy eficazmente a la crisis de los sistemas públicos de atención sanitaria y protección social.

* Onésimo González Alvarez, psiquiatra del Servicio Andaluz de Salud, en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, es autor de Veinte años de Psiquiatría Pública en Huelva: 1971-1991, Diputación Provincial de Huelva, 1993; "La Asociación Española de Neuropsiquiatría y la situación jurídica de los enfermos mentales", Cuaderno Técnico n° 3, Madrid, Asociación Española de Neuropsiquiatría, 2000. Tiene en preparación Enfermedad mental, estigma y legislación, para uno- de los manuales de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN).

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